SCJN limita suspensiones a agentes aduanales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces federales no podrán suspender la obligación de los agentes aduanales de presentar una declaración anual sobre su patrimonio.
Por unanimidad, el Pleno consideró que detener el cumplimiento de este requisito afecta el interés público y limita las acciones del Estado para prevenir actos de corrupción, contrabando, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La declaración patrimonial forma parte de la reforma de 2025 a la Ley Aduanera y se ha convertido en uno de sus puntos más controvertidos, debido a que ha generado numerosos juicios de amparo en distintas entidades del país.
Aunque los agentes aduanales son profesionistas independientes y no tienen el carácter de servidores públicos, la Corte señaló que realizan una actividad privada de interés público mediante una patente otorgada por el Estado. Por ello, su trabajo puede estar sujeto a una regulación y vigilancia estrictas.
Los ministros indicaron que conceder suspensiones impediría a las autoridades obtener y analizar información financiera relevante para identificar posibles operaciones ilícitas. La resolución surgió de una contradicción entre tribunales y establece un criterio obligatorio para casos futuros.
Las suspensiones concedidas antes de esta resolución permanecerán vigentes por el momento. La Corte tampoco analizó si la obligación de presentar la declaración patrimonial es constitucional, ya que ese asunto será estudiado posteriormente en los amparos promovidos contra la reforma.
Los agentes aduanales sostienen que el requisito vulnera el artículo 108 de la Constitución, bajo el argumento de que las declaraciones patrimoniales son una obligación exclusiva de los servidores públicos.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres destacó que en enero y febrero se realizaron 3.3 millones de operaciones de comercio exterior y se tramitaron 1.6 millones de pedimentos de importación y exportación.
Al menos 40 agencias aduanales promovieron amparos contra la reforma en la Ciudad de México, mientras cientos de litigios adicionales se encuentran en trámite en juzgados federales de otras entidades.
Además de la declaración patrimonial, los agentes aduanales impugnaron obligaciones relacionadas con la integración de expedientes de clientes y empleados, la responsabilidad por impuestos omitidos y la aplicación de mayores controles sobre las operaciones aduaneras.
