En comisiones se aprueba prohibición total de vapeadores, sanciones hasta 8 años de prisión

Con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que prohíbe totalmente la venta de cigarros electrónicos o vapeadores.
Asimismo, se establecieron sanciones de uno a ocho años de prisión, y una multa de hasta 226 mil 280 pesos.
Este documento que deriva de la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
También restringe la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, así como el uso ilícito del fentanilo.
Cabe destacar que durante una sesión extraordinaria, el presidente de este grupo de trabajo y morenista, Pedro Mario Zenteno anunció que la iniciativa se votaría de manera general y particular, por lo que las reservas se presentaran directamente ante la Mesa Directiva.
Y es que recordó que será este miércoles 25 de noviembre cuando su discusión y posible aprobación se de en el pleno legislativo.
Esto fue rechazado por el panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien reclamó que las reservas deben ser discutidas en la comisión pues es ahí donde se deben llegar a acuerdos.
En respuesta, Zenteno Santaella señaló que la decisión ya había sido votada a favor por el resto de sus compañeros.
Posteriormente, le dio el uso de la voz a la priísta, Ana Isabel González, quien dijo votaría en contra del dictamen, ya que la prohibición absoluta de estos vapeadores o cigarrillos electrónicos puede resultar contraproducente y abrir espacios al mercado negro.
“Cuando prohíbes una cosa, se vuelve más atractiva. Penalizar abre otras puertas: venta clandestina, distribución irregular y criminalización”, expuso.
González afirmó que su grupo parlamentario está a favor de la salud pública, pero considera que la vía adecuada es regular, no prohibir.
Esta intervención se vio interrumpida por un altercado entre Ramírez Barba y el secretario técnico de esta comisión, quienes discutieron con gritos y manotazos.
Ante esta situación, el presidente de la comisión reclamó al panista que: “está alterando el orden, que se comporte a la altura, no demuestra su incapacidad de decencia”.
Posteriormente, Ramírez Barba dijo que el reclamó se debió al “bloqueó” de una moción suspensiva presentada antes del inicio de la sesión.
Insistió en que se eliminó indebidamente la discusión de las reservas y calificó el manejo del proceso como “indecente”.
Advirtió que la reforma modifica gravemente el funcionamiento del Fondo de Salud para el Bienestar, al sustituir reglas claras por un “comité burocrático” que decidirá discrecionalmente los recursos destinados a cáncer y enfermedades de alto costo.
También criticó afectaciones en salud digital, arbitraje médico, producción de sangre, plaguicidas y acceso a medicamentos como el tramadol.
En seguida, la diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera afirmó que el dictamen “agrava la crisis del sistema de salud”, al eliminar garantías presupuestales y permitir que recursos antes destinados a enfermedades catastróficas puedan usarse para gasto corriente o mantenimiento.
“No se puede pagar un elevador con la quimioterapia de un niño”, ejemplificó.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala cuestionó que no haya asignaciones presupuestales para COFEPRIS o salud digital pese a las nuevas obligaciones.
Calificó como “punitivista” el apartado que establece penas de 1 a 8 años de prisión para quien adquiera un vapeador, lo que advirtió abrirá un mercado para el crimen organizado.
Por su parte, la diputada de Morena, Antares Guadalupe Medina acusó a legisladores del PAN de “exaltar los ánimos y generar violencia”, y defendió que el dictamen corrige la fragmentación heredada de gobiernos anteriores.
Aseguró que las modificaciones buscan facilitar el uso del Fondo de Salud para atender necesidades médicas y evitar “tapujos burocráticos”.
Asimismo, destacó que el presupuesto de salud ha aumentado en esta administración.
Finalmente, su homóloga morenista, Mónica Fernández respaldó el dictamen al señalar que atiende problemas urgentes como el abuso del fentanilo, la publicidad y uso de vapeadores, y la falta de claridad en procesos de contratación en salud.