Suspenden a jueza federal por presuntas irregularidades en amparo contra extradición de presunto líder criminal
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación suspendió temporalmente a una jueza federal con sede en Toluca, Estado de México, debido a posibles irregularidades cometidas en un juicio de amparo relacionado con la extradición de un ciudadano rumano señalado como presunto líder de una banda dedicada al saqueo millonario mediante clonación de tarjetas en cajeros de la Riviera Maya.
La suspensión se emitió como medida cautelar a petición del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, tras una queja presentada por el área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal.
En la denuncia se señaló que la funcionaria habría emitido determinaciones en juicios de amparo que entorpecían procesos de extradición y otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a ese procedimiento.
De acuerdo con la autoridad denunciante, en el amparo promovido contra la orden de extradición del ciudadano rumano, la jueza debió limitar la suspensión a los términos previstos en la Ley de Amparo.
Sin embargo, habría ampliado sus efectos al determinar el centro penitenciario donde debía permanecer el quejoso, lo que implicó interferir en atribuciones del sistema penitenciario federal.
Las autoridades señalaron que, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde exclusivamente a las instancias penitenciarias definir la ubicación de las personas privadas de la libertad para garantizar seguridad, orden y gobernabilidad, atribuciones que no pueden modificarse mediante una medida suspensiva.
En sesión privada realizada el jueves pasado, la Comisión de Disciplina resolvió por unanimidad suspender temporalmente a la jueza mientras concluye la investigación y, en su caso, el procedimiento disciplinario.
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H León Tovar, afirmó que no se permitirán actos de ningún juzgador que afecten la impartición de justicia o vulneren el Estado de derecho, sin importar su nivel o jerarquía.
