México defiende ante la CIDH su reforma constitucional que reconoce la libre determinación de pueblos indígenas y afromexicanos
México afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el país atraviesa un cambio estructural en materia de derechos colectivos, tras la aprobación en 2024 de la reforma al Artículo 2º Constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La postura fue presentada durante la audiencia pública “Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos en México”, realizada en Miami en el marco del 194 periodo ordinario de sesiones de la Comisión.
La delegación mexicana fue encabezada por la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, acompañada de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También participaron de forma virtual representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su exposición, la representación mexicana señaló que la reforma constitucional marcó un giro histórico al reconocer a los gobiernos indígenas y afromexicanos como autoridades con capacidad para administrar de manera directa su presupuesto y conducir su desarrollo político, económico, social y cultural bajo sus propios sistemas normativos.
Destacó que este cambio permitió dejar atrás un esquema tutelar y avanzar hacia el ejercicio pleno de la libre determinación.
La delegación subrayó que la reforma fue resultado de un proceso de diálogo prolongado con autoridades comunitarias, especialistas y organizaciones civiles, entre ellas SERAPAZ y ALDEA. Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno de México para mantener un trabajo conjunto en la elaboración de la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, actualmente en construcción.
El Estado mexicano enfatizó ante la CIDH que el reconocimiento jurídico y político de estos pueblos constituye un precedente regional en materia de derechos colectivos y una base para fortalecer instituciones comunitarias, garantizar la participación directa en la toma de decisiones y promover un desarrollo culturalmente pertinente.
