Inicia discusión en comisiones de la Ley de Aguas

Este miércoles, la Comisión de Recurso Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados inició el análisis y discusión de la iniciativa de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En sesión ordinaria, legisladores del PAN y PRI expusieron que irán en contra de este dictamen porque llegó “planchado y alejado de la realidad del país”, y es que dijeron que se le han realizado más de 90 modificaciones respecto al documento original, lo que “evidencia fallas de origen”.
Por lo que, llamaron a retirar el dictamen y abrir un proceso más amplio con productores, industrias, gobiernos locales y expertos para construir una ley “funcional, clara y viable”.
Al hacer uso de la voz, el panista, Paulo Gonzalo Martínez expresó que pese a los cambios no se corrigen problemas esenciales, y lo que si hace es “centralizar el control del agua” en la Federación, lo que aumentará “la burocracia desde un escritorio”.
Refirió que la propuesta no garantiza la transmisión de derechos de agua ni la herencia de pozos; prohíbe usos mixtos agrícolas y pecuarios; no contempla la reposición de pozos colapsados; carece de certeza sobre volúmenes y prórrogas de concesiones, y mantiene sanciones penales que criminalizan a productores rurales.
Además, dijo que carece de un análisis de impacto económico, lo que podría poner en riesgo a municipios, organismos operadores y sectores productivos.
“El PAN no acompañará el dictamen, al considerarlo un atropello que no brinda seguridad jurídica a familias, productores ni industrias. Queremos una ley que funcione; este dictamen no garantiza el agua ni la certidumbre”, destacó.
En tanto, el priísta, Humberto Ambriz Delgadillo reprochó que no se tomó en cuenta la iniciativa en la materia que presentó su grupo parlamentario, lo que dijo “otro ejemplo del control que quieren tener y cómo planean afectar a los productores”.
Agregó que se busca reestructurar todo el modelo*“sin asegurar recursos, capacidades administrativas ni mecanismos reales de coordinación”, lo que calificó como “legislar con buena intención, pero con mala técnica”.
Advirtió que al concentrar el poder en la Federación solo se generá: inseguridad jurídica, al eliminar mecanismos de transmisión de derechos y revisar concesiones; usa criterios ambiguos para cancelar o modificar asignaciones; y abre la puerta a decisiones discrecionales de funcionarios.
“Sí, a una nueva ley, pero bien hecha, bien discutida y sobre todo bien construida… Decir no no es obstáculo, es oponerse a lo mal hecho; no es un freno, es un compromiso por México”, destacó.
Por su parte, la morenista, Felicita Pompa Robles expresó que se hicieron 54 modificaciones al dictamen, en las cuales se toman en cuenta todas las preocupaciones del sector agrícola del país.
Detalló que se prioriza el derecho humano al agua, la compatibilidad entre usos agrícolas y ganaderos, la eliminación de la negativa ficta, la regularización de zonas de libre alumbramiento y mayores certezas jurídicas en concesiones y procesos administrativos.
Destacó que la iniciativa “escucha al pueblo” y que es resultado de consultas con campesinos, ganaderos y comunidades, algunas realizadas hasta la madrugada.
Afirmó que votar a favor representa corregir una deuda histórica y garantizar justicia hídrica para el país.
Previo a esta discusión, grupos de campesinos de Puebla, Veracruz y Tlaxcala que se oponen a esta nueva normativa protestaron fuera de San Lázaro.
Los inconformes, exigen que se tomen en cuenta sus observaciones y sean escuchadas por los diputados.
Cabe destacar que muchos de ellos llegaron en tractores a esta sede legislativa, e impidieron el paso vehicular.