Gobierno de México y autoridades tradicionales Yaquis refuerzan avance del Plan de Justicia con diálogo sobre reforma hídrica
El Gobierno de México y las autoridades tradicionales del Pueblo Yaqui sostuvieron una sesión de trabajo en Pótam para reforzar los compromisos del Plan de Justicia Yaqui, con énfasis en el avance de proyectos hídricos y en la socialización de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así como la propuesta de una nueva Ley General de Aguas que reconozca los sistemas comunitarios administrados por pueblos originarios.
Al encuentro acudieron gobernadores tradicionales yaquis y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Secretaría de Agricultura local.
De acuerdo con el reporte oficial, uno de los puntos centrales fue explicar que la reforma dotará a Conagua de más herramientas para una gestión ordenada y sustentable de las aguas nacionales, mientras que la Ley General de Aguas reconocerá formalmente los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro, administrados bajo las formas de organización indígena, en apego al artículo 2° constitucional.
En materia de obras, Conagua informó que continúa la supervisión de los trabajos de ampliación del Distrito de Riego 018, un componente clave del Plan de Justicia. Este distrito fue formalmente transferido a la Comisión Jiaki del Agua, un organismo indígena creado por profesionistas yaquis para operar y administrar la infraestructura hidroagrícola; se trata del primer distrito de riego en el país operado directamente por un pueblo originario, un hecho histórico que modificó la gestión del agua en la región.
El gobierno federal también reportó avances en el Acueducto Yaqui, una obra mayor que conectará la presa Oviáchic con comunidades yaquis y abastecerá de agua potable a más de 34 mil personas en más de 50 localidades.
Con una longitud superior a 240 kilómetros, el acueducto es considerado una de las piezas centrales del plan hídrico para la región.
Rodolfo Castro Valdez, director del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua, reiteró que el Plan de Justicia Yaqui es una prioridad para el Gobierno de México y subrayó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un paso decisivo para garantizar el derecho humano al agua, tal como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de las acciones de atención, también se habilitó una ventanilla en Ciudad Obregón para facilitar trámites administrativos a integrantes de la etnia.
El Plan de Justicia Yaqui contempla inversiones superiores a 17 mil 600 millones de pesos, de los cuales más de 14 mil 200 millones están orientados específicamente al derecho al agua.
Se incluyen proyectos de territorio, salud, educación, vivienda e infraestructura, con especial énfasis en la administración autónoma del recurso hídrico por parte de las autoridades tradicionales.
Para ello, el Estado ha colaborado con organismos como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ha acompañado técnicamente la consolidación de la Comisión Jiaki del Agua.
Aunque se han registrado avances relevantes, aún persisten desafíos. La aprobación de la Ley General de Aguas y la implementación de las reformas serán determinantes para garantizar que los sistemas comunitarios operen con pleno reconocimiento legal.
Asimismo, las obras hidráulicas deberán concluirse según lo previsto para que los beneficios impacten directamente en las comunidades. Aun así, los representantes yaquis consideran que este proceso representa una transformación histórica para la región, no sólo por el acceso al agua, sino por el reconocimiento de su autonomía comunitaria y su participación en la gestión de los recursos naturales de su territorio.
