FGR y padres de los 43 impugnan beneficio a Murillo Karam
La Fiscalía General de la República (FGR) y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa impugnaron la resolución judicial que permitió a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, sustituir la prisión preventiva justificada por resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico en uno de los procesos relacionados con el caso Iguala.
En julio, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control con sede en el Reclusorio Norte, modificó la medida cautelar al considerar que el proceso penal se había prolongado durante más de dos años por causas ajenas al exgobernador de Hidalgo. Murillo Karam enfrenta en este expediente acusaciones por tortura, delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
Tras las impugnaciones presentadas por la FGR y los familiares de los estudiantes desaparecidos, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación determinó enviar el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, debido a que este órgano jurisdiccional ya conoció otros recursos vinculados con el mismo proceso.
En otro procedimiento relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, un tribunal confirmó la prisión preventiva justificada contra el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, uno de los dos militares que permanecen privados de la libertad por el caso.
En junio, magistrados de un Tribunal Colegiado de Apelación revocaron al militar la prisión preventiva oficiosa, pero determinaron mantenerlo en prisión bajo la modalidad de preventiva justificada. Pirita Ochoa permanece recluido en la prisión del Campo Militar 1-A desde septiembre de 2022.
La defensa del subteniente promovió un juicio de amparo contra esa determinación; sin embargo, el Tribunal Colegiado que recibió el recurso se declaró incompetente al establecer que el amparo directo únicamente procede contra sentencias definitivas.
El expediente fue remitido a un Tribunal Colegiado de Apelación, que negó a Pirita Ochoa la suspensión provisional contra la ratificación de la prisión preventiva, al considerar que la resolución dictada el 18 de junio de 2026 constituye un acto consumado.
