Brugada respalda a López Beltrán ante retiro de visa
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó su solidaridad con Andrés Manuel López Beltrán y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar visas, al señalar que los documentos migratorios no deben utilizarse como instrumentos de presión política o intervención en asuntos internos de otros países.
Durante un pronunciamiento ante medios de comunicación, Brugada sostuvo que la medida tiene, de acuerdo con la posición expresada por la presidenta, motivaciones políticas. Añadió que México debe mantener como principio la defensa de su soberanía y la autodeterminación frente a decisiones adoptadas desde el extranjero.
La mandataria capitalina señaló que una visa constituye un documento administrativo y no una certificación sobre la conducta, calidad ciudadana o trayectoria política de una persona. Como ejemplo mencionó los casos de Genaro García Luna y Javier Duarte, quienes contaron con visas y posteriormente fueron encarcelados por delitos.
Brugada afirmó que corresponde exclusivamente a los mexicanos determinar quién merece su confianza o puede aspirar a ocupar cargos públicos.
“El rumbo de nuestro país no se decide en ningún escritorio extranjero. Lo decide democráticamente el pueblo”, sostuvo.
También cuestionó a los sectores políticos nacionales que, afirmó, buscan respaldo de gobiernos extranjeros para intervenir en las disputas internas del país. Consideró que estas acciones forman parte de prácticas de presión que históricamente han acompañado intentos de influencia externa sobre México.
La jefa de Gobierno señaló que las formas de intervención han cambiado con el tiempo y sostuvo que actualmente pueden utilizarse mecanismos administrativos como el retiro de visas para ejercer presión política. Frente a ello, aseguró que ninguna potencia extranjera puede sustituir la voluntad de una nación.
Brugada reiteró su respaldo a la posición de Sheinbaum y sostuvo que cualquier diferencia entre países debe conducirse con respeto al derecho internacional y a la soberanía nacional, sin que decisiones tomadas por gobiernos extranjeros determinen la vida política interna de México.
