Sheinbaum exige a Grupo México cumplir reparación del Río Sonora
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a Grupo México para que asuma, sin más retrasos, las obligaciones derivadas del derrame tóxico ocurrido en 2014 en el Río Sonora y el Río Bacanuchi, uno de los desastres ambientales más graves en la historia reciente del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que su administración mantiene presión sobre la empresa para que se concrete la limpieza total de los afluentes y se garantice la atención a las comunidades dañadas.
“Seguimos insistiendo en que se cumpla lo que originalmente se prometió a los habitantes afectados”, afirmó.
El gobierno federal confirmó que continúa abierta una mesa de negociación con Grupo México, en la que participan autoridades estatales y especialistas ambientales, con el fin de lograr un acuerdo integral de reparación.
A pesar de los avances, la Presidencia reconoció que todavía no existe un convenio definitivo que pueda presentarse a la población.
El derrame del 6 de agosto de 2014, provocado por la mina Buenavista del Cobre, liberó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al arroyo Tinajas, que desemboca en los ríos Bacanuchi y Sonora.
La emergencia afectó directamente a más de 22 mil habitantes de ocho municipios, quienes durante años han denunciado agua contaminada, enfermedades crónicas y pérdidas en actividades agrícolas y ganaderas.
Organizaciones y pobladores han señalado que los compromisos de remediación —plantas potabilizadoras, monitoreo epidemiológico, infraestructura médica y programas de saneamiento— quedaron inconclusos, mientras persisten metales pesados en agua y suelo.
Con el cambio de administración, el gobierno federal reactivó el proceso para atender los pendientes: instalación de potabilizadoras, estudios permanentes de calidad del agua, hospitales, laboratorios y seguimiento sanitario a largo plazo.
Sin embargo, las autoridades reconocen que la vía penal iniciada en gobiernos anteriores sigue abierta y que el objetivo inmediato es alcanzar un acuerdo que garantice la reparación ambiental y de salud para las comunidades.
Las familias afectadas insisten en que, once años después del derrame, continúan viviendo con las consecuencias: pérdida de tierras productivas, daños a su salud, desaparición de fuentes de empleo y falta de acceso seguro al agua. Mientras tanto, el gobierno asegura que mantendrá el proceso hasta lograr una solución definitiva.
