Poder Judicial ordena a la SEDENA entregar 853 folios militares faltantes del caso Ayotzinapa
El Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar los documentos faltantes relacionados con la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La resolución, emitida el pasado 19 de febrero por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 1350/2023, exige específicamente la entrega de 853 folios militares generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, así como por otras instancias de inteligencia del Ejército. Estos documentos han sido reclamados persistentemente por las familias de las víctimas durante años, según confirmaron los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar y Serapaz.
“El fallo reconoce el derecho de las familias a la verdad y, por ende, la obligación de la SEDENA de entregar toda la información relacionada”, enfatizaron los organismos defensores. Destacaron que la resolución establece que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, ya que existe un interés preponderante de las familias y de la sociedad en general por conocer la verdad del caso. Además, recordaron que en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar o ocultar cualquier dato relacionado con los hechos.
El juzgado estimó que la brecha de 853 folios del CFRI no entregados constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares, ya que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia. Esta decisión deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia de 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron la responsabilidad de la SEDENA y sus instancias de inteligencia por el ocultamiento de documentos, cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En dicho informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento de los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre, pero los folios proporcionados estaban incompletos, evidenciando el ocultamiento arbitrario de información relevante para entender el contexto criminal de Iguala y esclarecer lo ocurrido.
Las organizaciones defensoras indicaron que las familias acudieron a la justicia federal ante la parálisis de la COVAJ, que dejó de funcionar como mecanismo para superar los obstáculos de la investigación, y el estancamiento de la indagatoria debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses.
“A más de 11 años de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa sin esclarecerse. Por ello, las madres y los padres han tenido que impulsar acciones legales a nivel nacional e internacional frente a los obstáculos que persisten, particularmente la negativa de la SEDENA de entregar de manera completa e inmediata la información faltante que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos”, finalizaron las agrupaciones.
